ARGENTINA LA REPÚBLICA PERDIDA

Consignas

Tomando los siguientes períodos históricos:

• 1928/1930
• 1930/1943
• 1943/1955 (subdividido en 1943/1945-1945/1952-1952/1955)
• 1955/1973
• 1973/1976

y poniendo especial énfasis en los conceptos de:

a) Fraude electoral;

b) Proscripción de las mayorías;

c) Nacimiento de la resistencia popular y de los grupos armados;

d) Interrupción de los gobiernos constitucionales mediante los golpes de estado

e) Violencia política civil y Estatal,


Analice respecto de cada período en especial, y también en general:

1. Funcionamiento y aplicación de los principios de Legalidad y Legitimidad política y jurídica.
2. Funcionamiento e interpretación de los distintos niveles de consenso según Sartori.
3. Incidencia del ámbito de legitimidad externa en cada caso.
4. Funcionamiento de los conceptos de Estabilidad e Inestabilidad de los sistemas políticos en relación con la eficacia y la legitimidad de los mismos, en cada caso.
5. Funcionamiento y aplicación de la doctrina de Facto respecto de los distintos golpes de Estado acaecidos, incluyendo la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 10/9/1930. Relación entre Derecho y poder a su respecto.
6. Establezca relaciones comparativas entre los distintos períodos, señalando los denominadores comunes en los cincuenta años abarcados, y destacar las diferencias fundamentales con la actualidad.
7. Conclusión y opinión.
8. Cuadro cronológico de las presidencias sucedidas en el período global en análisis, indicando carácter del gobierno (de iure - de facto), período de gobierno y modo de finalión del mismo.

A continuación los puntos 1), 2), 3) y 4) serán aplicados a los diferentes gobiernos del período 1928-1976

I. Período de 1928-1230

En 1928, Hipólito Yrigoyen llega a la presidencia de la Nación por segunda vez, lo consigue a través de elecciones libres. Podemos afirmar, entonces, que esta elección se apoyó en los medios legales. Además, el poder fue ejercido de acuerdo con las leyes establecidas. Se puede agregar, también, que se cumplió con la legitimidad política y jurídica.

Partiendo de la base, de que todo buen gobierno, debe intentar obtener la mayor cantidad de consenso posible, para que se lo reconozca como legítimo, podemos afirmar, que este período gozó de legitimidad ya que contó con el consenso del pueblo, sin la necesidad de recurrir a la fuerza coercitiva para obtener el poder. El gobierno, fue legitimado por la clase media ( la cual estuvo integrada por inmigrantes, obreros y estudiantes universitarios entre otros) para proteger sus intereses.

La sociedad, se encontraba dividida, respecto al apoyo que se le brindaba o no a Yirigoyen. Por un lado se encontraba la clase media antes descripta mientras que por el otro, estaba la oligarquía que se promulgaba en desacuerdo con el régimen, dado que no se sentían identificados con la comunidad política radical, prefiriendo un sistema en el cual las clases elitistas y aristocratizantes se encontrasen beneficiadas. Claramente esto no era lo que sucedía con el gobierno radical.

Si bien en un primer momento, como antes se mencionaba, existió un consenso importante, este, disminuyó considerablemente, cuando el Senado impidió la promulgación de la ley de nacionalización del petróleo, lo cual provocó que la legitimidad política de la UCR, se viese dividida, produciéndose una fuga de cierto sector del partido hacia la oligarquía. Debido a la propuesta de la nacionalización del petróleo, este gobierno, pierde cierta legitimidad externa, dado que Inglaterra no estuvo de acuerdo con dicha propuesta, teniendo como consecuencia, una mala mirada desde la comunidad internacional.

El primer nivel de consenso, llamado "consenso básico", según Sartori, muestra cómo una sociedad, puede tener en común un determinado fin o valores; en este período, dichos valores tales como la igualdad, la libertad, la justicia, la educación, la soberanía popular, etc., se ven consensuados en su gran mayoría y por el respeto a la Ley Saenz Peña, entre otras. Además hay un consenso básico, ya que Yrigoyen accede a la presidencia respetando las reglas y valores. En el segundo nivel de consenso o "consenso procedimental", en el cuál se fijarán "las reglas de juego" y se resolverán los conflictos, con la base del primer nivel y la Constitución, es en el que encontramos un gran acierto de Yrigoyen, ya que se respetaron las reglas de la mayoría en las distintas resoluciones de los conflictos.

Dividiendo en dos partes a este gobierno, podemos observar, como en un primer período existió una eficacia importante porque solucionó en general con una gran velocidad todo tipo de cuestiones, es por ello que el gobierno, tendía conseguir una estabilidad importante. Pero por causa del impacto que produjo la crisis mundial, convirtió en ineficaz al sistema económico vigente y trajo aparejado una pérdida de legitimidad. La misma, estaba encabezada por los grupos opositores (la oligarquía) y por sectores contrarios a las políticas de Yrigoyen o por su aparente "senilidad".

Todos estos acontecimientos, crean las condiciones para que se lleve a cabo el golpe militar de 1930 que derrocó al gobierno. Así fue como la oligarquía junto con un considerable apoyo civil, depusieron Yrigoyen del poder.

II. Período de 1930-1943

Este período, también conocido como "la década infame", comienza con el derrocamiento de Irigoyen por parte de un movimiento militar encabezado por el General Uriburu, por lo tanto podemos decir que el gobierno de éste último, no gozó de legalidad.

El gobierno de Uriburu fue legitimado sólo por una minoría (la oligarquía y el ejército), pero no contaba con el apoyo mayoritario de la clase media y las clases populares.

Los gobiernos de Justo, Ortiz y Castillo fueron ilegales ya que su acceso al poder y el ejercicio del mismo no eran conformes a lo establecido por las normas Constitucionales. Tampoco gozaron de legitimidad política ya que estos gobiernos utilizaron la coacción para hacerse obedecer sin interesarse por el bien común de la sociedad.

Tanto el gobierno de Uriburu como los de Justo, Ortiz y Castillo no contaron con legitimidad jurídica al no ser respetada la Norma Fundamental en cuanto a lo viciado del acceso al poder.

Con respecto a los niveles de consenso de Sartori, podemos decir que en este período no se dan los primeros dos niveles, dándose solamente el tercero.

Con respecto al primer nivel de consenso, como el gobierno de Uriburu asume mediante un golpe de estado, no existe el principio de soberanía popular. En cambio, en las presidencias de Justo y Ortiz los valores se ven representados parcialmente, legitimados sólo por un sector de la población (conservadores y oligarcas) ya que había una total desigualdad entre las clases que conformaban la sociedad.

En el período de Uriburu no se respetaron las reglas de procedimientos al no ser un gobierno democráticamente electo y no se tuvo en cuenta la regla de la mayoría.

Por otro lado, Justo y Ortiz asumieron mediante elecciones fraudulentas por lo que tampoco hubo consenso de la mayoría.

En cuanto a los actos de gobierno, las clases populares no le otorgaron consentimiento alguno a esos actos ya que estos eran excluidos (la clase popular) de las principales decisiones gubernamentales, ya fuera la proscripción o el intento de eliminar la oposición (picana eléctrica, persecución).

En este período además, se da la legitimidad externa en el gobierno de Justo al firmarse el pacto "Roca-Runciman", entre nuestro país y Gran Bretaña, mediante el cual Inglaterra lograba grandes beneficios económicos provenientes de los transportes y de los frigoríficos que poseía en nuestro país.

Luego de un tiempo Inglaterra decae como potencia mundial surgiendo Estados Unidos como nueva potencia mundial y legitimando también a nuestro gobierno.

Con relación al concepto de estabilidad se puede decir que este período se caracterizó por la inestabilidad gubernamental ya que ningún gobierno podía llegar a cumplir con sus objetivos y el poder cambiaba de mando constantemente.

Todos estos gobiernos se mantenían en el poder no por haber logrado consenso sino por el ejercicio de la fuerza.

III. Período de 1943-1955

a) 1943-1945: Con respecto a la legalidad, los gobiernos de ésta etapa (Rawson, Ramírez y Farrel) carecieron de la misma, ya que asumieron al gobierno por medio de golpes de estado, violando así las normas establecidas en la Constitución.

También carecieron de legitimidad por la falta de consenso. Aunque podemos afirmar que en principio una fracción de la población lo consideró legítimo porque no toleraron el régimen anterior, pero luego esto decayó al no cumplirse con las expectativas del sector civil.

Tampoco existió la legitimidad jurídica al no respetarse las normas previstas por las leyes, ni la legitimidad política, porque la Revolución de 1943 no contó con ningún apoyo de los partidos políticos. Incluso, éstos fueron disueltos y se prohibió, además, toda actividad partidaria (en especial los partidos políticos de izquierda).

Con respecto al consenso según Sartori, en este período podemos afirmar que existió el tercer nivel de consenso; es decir; las acciones propias del gobierno (que respondieron positivamente por parte de este) desarrolladas en el ámbito social.

Aplicando la teoría de estabilidad de Bobbio podemos concluir que estos gobiernos carecían de ella. Pero podemos afirmar que todos ellos tendieron a tener estabilidad, ya que trataron de desarrollar políticas eficaces, pero no lo lograron.

En cuanto a la legitimidad externa, decimos que Estados Unidos se la negó al gobierno, debido a la adopción de una postura neutral respecto a la segunda guerra mundial. Más tarde, Argentina, bajo muchas presiones le terminó declarando la guerra a los países del Eje, con lo que se reanudó la relación con los Estados Unidos.

b) 1945-1952:

En esta etapa, resurge la legalidad, dado que en la Argentina se votó limpia y democráticamente como lo estipula la constitución. El 24 de febrero de 1946, Perón fue elegido Presidente de la Nación, por medio de elecciones justas. Fue el primero que llegaba a la presidencia sin fraude electoral, desde hacía más una década. Obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y la unanimidad en el Senado; ésta le favoreció para llevar a cabo las transformaciones sociales y la reforma de la Constitución.

La legalidad en la reelección de Perón, aún hoy es cuestionada en virtud de la aplicación pertinente del mecanismo constitucional en la reforma de la Norma fundamental (la Constitución de 1853 marca el requisito de 2/3, aunque el artículo 31 no aclara si lo es sobre el total de los miembros o solamente sobre los presentes; el peronismo dio como válida esta última opción).

También se debate si es una reforma de la antigua norma fundamental o si se trata de una nueva constitución. Muchos constitucionalistas adoptan esta segunda interpretación, ya que muchas normas se alejan del fondo liberal de la Constitución de 1853 e introducen el llamado "Constitucionalismo social": la nacionalización de la fuente de energía, la función social de la propiedad, la estatización de la economía y otros que son verdaderos cambios.

Este gobierno, fue legítimo, ya que fue elegido a través del voto popular. Pero podríamos fraccionar esta legitimidad: fue legítimo, para el sector obrero, los militares nacionalistas, la iglesia y pequeño industriales nacionales. Pero fue ilegítimo para los militares liberales, la oligarquía, las grandes industrias, los sectores medios y una minoría obrera ligada a los partidos de izquierda.

Podemos afirmar con certeza que hubo legitimidad jurídica porque la elección se llevó a cabo conforme a los procedimientos constitucionales.

Creemos que hay una legitimidad jurídica. Además, este gobierno, accedió al poder con la colaboración de una coalición política: sectores sindicales, las fracciones disidentes del radicalismo y a los dirigentes separados del conservadurismo.

Contó con legitimidad política, porque su gobierno se orientó hacia la realización del bien común y la justicia. Las acciones de gobierno más sobresalientes fueron: Industrialización del país (como consecuencia de la guerra mundial), incorporación de derechos sociales a la Constitución (artículo 14 bis.), creó un régimen con fuerte apoyo de la clase obrera, nacionalización de trenes (que se encontraban en manos de los Ingleses) y la nacionalización, también del Banco Central. Este fue un gobierno proteccionista.

Este período obtuvo consenso, dado que se respetaron los procedimientos del sistema electoral, además de cumplió con el tercer nivel de consenso porque aceptaron en un principio las decisiones del gobierno como también sus acciones concretas.

Logró la estabilidad ya que pudo perdurar en el tiempo, más aún porque, fue reelecto en 1952. fue eficaz porque se resolvieron los problemas que se le fueron planteando y legitimo porque fue elegido por la mayoría.

Respecto a la legitimidad externa fue negada a este gobierno por las comunidades internacionales como consecuencia de las acciones gubernamentales; nacionalizar los servicios que poseían los extranjeros: trenes y favoreció la inversión del capital nacional.

c) 1952-1955:

En 1952 fue reelecto el general Juan Domingo Perón, como presidente de la Nación. La legalidad se mantuvo con respecto a la participación política (promulgación del voto femenino).

Con respecto a la legitimidad, ésta existió al principio, pero al final del período la situación económica se complicó, lo que provocó una gran oposición manifestada a través de disturbios, demostrando así que la legitimidad y la confianza ya no era la misma.

En 1954 la relación que existía entre el estado y la iglesia, empeoró, esto llevó a la iglesia a establecer el primer acto masivo contra Perón. Este gobierno, contó con un consenso básico y un consenso procedimental, pero la política gubernamental careció de consenso por parte del pueblo, la iglesia y los militares.

La estabilidad del gobierno fue debilitándose, debido a la ineficacia para resolver los problemas que se gestaban en la sociedad, con lo que la conciencia del pueblo entró en contradicción con la estructura política establecida (pérdida de la legitimidad).

La legitimidad externa dada por parte de Estado Unidos, se debió a que Perón ante la crisis de 1953, aprueba la ley de garantía a los inversores extranjeros y se firma un contrato de explotación petrolera con California (Standard Oil de California).

En 1955 se desata una revolución que depone al gobierno. Dicha revolución en un primer momento careció del apoyo total de las Fuerzas Armadas, ya que éstas estaban divididas e ideológicamente diferenciadas en:

-El ejército que apoyaba al Peronismo,

-La Armada era antiperonista,

-Y la Fuerza Aérea creada por los revolucionarios de 1943 se mantenía dividida al respecto.

IV. Período de 1955-1973:

Vale aclarar que este período no se identifica con los gobiernos de iure ni con los gobiernos de facto. Podríamos decir que se produce una alternancia entre ellos.

Los gobiernos de Lonardi, Aramburu, Guido, Onganía y Levingston no contaron con legalidad ya que éstos no se ejercieron respetando las leyes.

Justificando esto último podemos señalar entre otras cosas que Lonardi disolvió el Congreso e intervino todas las provincias; que Aramburu implantó la ley marcial y proscribió al partido peronista (derogando también su Constitución); que Guido proscribió la unión popular; que Onganía reemplazó la Constitución Nacional por el Estatuto de la Revolución Argentina; y que Levingston, al compartir las mismas ideas políticas, era la continuación de Onganía.

En cambio, Lanusse mostró rasgos de legalidad al llamar a elecciones generales sin proscripciones, pero luego impuso una modificación constitucional de facto por la cual el presidente sería designado por voto directo y no por colegios electorales.

Durante los cinco gobiernos antes mencionados tampoco existió legitimidad política, ya que sus actos de gobierno no estuvieron encaminados hacia el bien común ni al valor justicia, sino al cumplimiento de sus intereses personales. También podemos decir que no existió legitimidad jurídica ya que Lonardi accedió al poder mediante un golpe de estado (Revolución Libertadora); Aramburu mediante un golpe dentro del golpe; Guido por medio de la ley de acefalía; Onganía fue designado por la Junta Revolucionaria y no por sufragio universal; y Levingston fue designado por los comandantes de las tres armas. Tampoco el gobierno de Lanusse contó con legitimidad jurídica, ya que su acceso al poder no fue gracias al voto popular, sino que accedió por medio de los votos de sus colegas de la juntas revolucionaria.

Podemos afirmar también que tanto la Revolución Libertadora como la Revolución Argentina no contaron con ninguno de los tres niveles de consenso.

En la Revolución Libertadora, no existe el segundo nivel ya que se produjeron fusilamientos, la proscripción del peronismo, intervenciones de sindicatos; mientras que en la Revolución Argentina se recurrió a la disolución de partidos políticos, represión, etc. Debido a ésto, podemos decir que en ninguna de las dos ‘revoluciones’ se dio el primer nivel de consenso, ya que no hubo tolerancia, igualdad, libertad, etc.

Durante la Revolución Libertadora no se dio el tercer nivel de consenso debido a sus actos de gobierno: se disuelve la Constitución de 1949 (sublevación de peronistas) y se establece la ley marcial (ésta provocó condena y rechazo) entre otras cosas.

En la Revolución Argentina, el tercer nivel no está presente ya que se produjo la liberación del mercado cambiario, la disminución de los sueldos de los obreros y la anulación de la ley de medicamentos. No hubo consenso de parte de la clase obrera.

En el gobierno de Illia todos los órganos del estado actuaron respetando la ley, por eso afirmamos que se desarrolló dentro del ámbito de la legalidad. Además, Illia apuntó a la realización del bien común, e implementó el salario mínimo vital y móvil; por eso decimos que contó con legitimidad política. Tambíen tuvo legitimidad jurídica, ya que accedió al poder de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución Nacional, aunque con una minoría de votos (23 %).

En cuanto a los niveles de consenso, el gobierno de Illia contó con los tres: el segundo nivel está presente ya que fue un gobierno sin censura y esto implica el primer nivel, ya que hubo libertad, igualdad, etc. El tercer nivel lo vemos en su política económica, ya que ésta y sus actos de gobierno en general se desarrollaban en beneficio de los argentinos.

Durante el gobierno de Frondizi se dio una situación especial, ya que se desarrolló dentro del ámbito de la legalidad (permitió la participación en los comicios de la unión popular), pero también tuvo una serie de actitudes que nos hacen creer que no fue legal: en 1962 anuló las elecciones a diputados y gobernadores a pedido de los militares, ya que esos votos no los favorecían. También intervino provincias donde habían ganado los peronistas y en algunas ocasiones, los militares lo obligaban a firmar decretos sin respetar la Constitución.

El gobierno de Frondizi contó con legitimidad política, ya que proyectó obras, fijó metas respecto al petróleo, gas, acero, carbón y otros. Además actualizó y mejoró la actividad sindical; y apoyó la industrialización para incrementar la producción y para llegar a una economía de avanzada. También contó con legitimidad jurídica, ya que accedió al poder mediante elecciones, aunque fueron limitadas debido a que el peronismo se encontraba proscripto. Pero su gobierno no contó con los tres niveles de consenso, ya que no cumplió con sus promesas electorales y su forma de proceder fue similar a la de las Fuerzas Aramdas.

En este período (55-73), la legitimidad externa fue muy variada según la política empleada por cada gobierno, aunque en términos generales podemos afirmar que los Estados Unidos se vieron beneficiados por las políticas de nuestro país, y el consenso exterior fue principalmente dado por ellos.

Durante el gobierno de Frondizi, los Estados Unidos le declararon el bloqueo a Cuba, y los militares presionaron a Frondizi para que rompa relaciones con Fidel Castro. Además podemos señalar que los gobiernos de facto de este período beneficiaron a las grandes corporaciones extranjeras, y éstas consolidaron su posición en el país.

En cambio, durante el gobierno del presidente Illia (acompañado por el ministro Aldo Ferrer) se intentó nacionalizar la economía, y debido a esto se perdió perdió consenso extranjero (principalmente de los Estados Unidos). También anuló gran cantidad de contratos con compañías extranjeras, y se negó a respaldar a los Estados Unidos con tropas.

Este período (55-73) fue inestable debido a que los diferentes gobiernos no pudieron perdurar en el tiempo ni adaptarse a los cambios. Tanto las organizaciones revolucionarias como las huelgas, represiones, proscripción de partidos políticos son claros ejemplos de indicadores de inestabilidad producidos durante este período. En general no se contó con la legitimidad de la población y los actos de gobierno no fueron utilizados para darle al pueblo lo que pedía.

En cuanto a las presidencias de Frondizi e Illia, podemos decir que no fueron totalmente inestables, aunque el gobierno de Frondizi se desarrolló ineficazmente, lo cual lo hace tender a la inestabilidad. A diferencia de este último, la presidencia de Illia fue eficaz, pero fue derrocado por las Fuerzas Armadas.

V. Período de 1973-1976:

Los gobiernos que surgieron en este período fueron legales, ya que accedieron al poder respetando la Constitución y sus leyes; y también fueron legítimos por el apoyo demostrado por las masas hacia los mismos.

Con respecto a los tres niveles de consenso propuestos por Sartori, consideramos que éstos, estuvieron presentes puesto que este período se caracterizó por los gobiernos de iure de manera que la mayoría de la población tenía los mismos valores como ideales en común. Este consenso hace que se acepten las normas o leyes que establece el Estado y, de esta manera la gente estaba de acuerdo con los actos de Gobierno .

Con relación a la legitimidad externa, este gobierno contó con el apoyo de los Estados Unidos a causa de las importaciones de capital provenientes de dicho país.

En este período se reconstruyen las relaciones con Chile y con Cuba al firmarse unos tratados con Allende y con Fidel Castro respectivamente.

Luego de la muerte de Perón (en 1974), Isabel Martínez de Perón impulsó un programa autoritario de derecha, todo esto, bajo la influencia de López Rega, lo que finalmente hizo que el gobierno perdiera su legitimidad.

En cuanto a la estabilidad, podemos decir que este gobierno fue inestable, a causa de los conflictos económicos y sociales predominantes, lo que hizo entrar en crisis al gobierno; y al no poder resolver problemas tales como la inflación o el desempleo este gobierno terminó por perder el dominio de la situación.

En 1975 las actividades terroristas de grupos de extrema izquierda y extrema derecha, cobraron las vidas de más de 700 personas. Las huelgas y manifestaciones eran frecuentes hasta que una junta militar al mando del Teniente General Jorge Videla, decidió el 24 de marzo de 1976 disolver el Congreso, imponer ley marcial y gobernar por decreto.

5) Doctrina de Facto

El gobierno de facto se instala en el poder interrumpiendo la continuidad prevista en las normas constitucionales, es decir, que un gobierno o funcionario es de facto cuando no ha surgido de acuerdo con el procedimiento constitucional o legal. La doctrina Argentina concibió el golpe de facto y su implicancia con la doctrina de facto como meras suspensiones del orden Constitucional, la ilicitud organizada que conlleva al golpe de Estado (mediante la Acordada, intentando ser institucionalizada) no puede ser negada. Las doctrinas de facto se aplican a un gobierno cuando la institución gubernamental es de hecho. En los actos que emanan de un gobierno de facto no existe la legitimidad a diferencia de los actos emanados en los gobiernos de iure. La doctrina de facto se aplica a los funcionarios y no al gobierno. También es aplicable cuando el acceso irregular al cargo se efectúa en épocas normales o como el resultado de una emergencia que ha desplazado a los titulares de iure. Todo gobierno o funcionario de facto debe subordinarse a la Constitución escrita y a las leyes. No es válido el ejercicio de la función con ausencia de todo fundamento constitucional.

En 1930 comienzan los golpes de Estado en la Argentina que durarán por casi medio siglo. Su intención es producir una revolución, pero en ninguno de ellos la revolución se produjo.

a) Gobierno de facto de 1930-1932:

Este movimiento sé auto tituló «Presidente Provisorio», lo cual el Poder Ejecutivo pasó a ser desempeñado por el jefe de este movimiento. Por «Acordada» el 10 de septiembre de 1930 la Corte Suprema reconoció la legitimidad del gobierno. Había nacido la llamada «doctrina de facto». Uriburu seguirá siendo presidente hasta noviembre de 1932 asumiendo entonces Agustín P. Justo.

Los golpistas disolvieron el Congreso Nacional, y el Poder Ejecutivo comenzó a emitir decretos con alcance de la ley denominados «decretos leyes». Estas normas fundan su validez en su eficacia y en su aplicación práctica. El congreso se restablecerá a partir de noviembre de 1932, al reanudarse la vida constitucional.

Los integrantes de la Corte Suprema avalaron el golpe con la Acordada que, basándose en una jurisprudencia norteamericana justificaba la validez de los actos emanados de los gobiernos de facto por razones de fuerza mayor. La Acordada otorgará cada vez mayor validez a los actos de los sucesivos golpes.

El gobierno de facto asumirá la validez de la Constitución de 1853 con sus reformas vigentes, jurando por ella.

Se nombraron interventores en las provincias gobernadas por yrigoyenistas. Estos gozaban, en su ámbito, de la facultad de dictar decretos-leyes, ya que las legislaturas provinciales habían sido disueltas.

b) Gobierno de facto de 1943-1946:

El 4 de julio de 1943 se puso fin al gobierno de Ramón Castillo debido a otro golpe de Estado. Se sucedieron dos presidentes: Pablo Ramírez (19431944) Y Edelmiro J. Farrel (1944-1946).

Se disuelve el congreso y se comienza a legislar por medio de decretos leyes. Estos decretos con fuerza de ley son reconocidos en su validez por la Corte Suprema de justicia, mediante una Acordada similar al año 1930. La jurisprudencia otorga cada vez mayor validez a los decretos leyes. La validez de tales normas se extenderá mas allá de los motivos que la originaron, aún desapareciendo el gobierno de facto y mientras una ley expresamente no los derogue. La Corte Suprema es respetada, y esta a su vez, reconoce el gobierno de facto. Pero en el año 1947 será finalmente removida, por juicio político.

Todas las provincias fueron intervenidas. Esta revolución no contó, por propia decisión, con ningún apoyo por parte de los partidos políticos de entonces como en el gobierno de facto anterior. Inclusive fueron disueltos y prohibida toda actividad partidista.

A fines de 1945 el gobierno de facto, agotado por las presiones internas y externas, convoca a elecciones para febrero del año siguiente. Al igual que la revolución de 1930 los golpistas del 1943 dejaron sucesión legítima a través del Partido Laborista que se impuso en las elecciones del febrero de 1946.

c) Gobierno de facto 1955-1958:

El gobierno de facto de 1955 fue denominado «Revolución Libertadora», y fue el que puso fina a la hegemonía peronista. El 23 de septiembre de 1955 el general Leonardo Lonardi asume como presidente provisional de la Nación y como vicepresidente, Isaac Rojas. El 13 de noviembre de 1955 el general Pedro Eugenio Aramburu reemplaza a Lonardi mientras Rojas continúa en la vicepresidencia. Aramburu intervino en los sindicatos peronistas; anuló la Constitución Peronista de 1949 y reimplantó la de 1843 con sus reformas por medio de un decreto-ley. La Corte convalidó la validez de dicho decretos.

La Revolución de 1955 reemplazó a todos los miembros de la Corte designada en 1947, tras el juicio político a sus integrantes. La nueva Corte convalidó la constitucionalidad de los actos emanados del gobierno de facto, considerando que estaba en ejercicio de un poder revolucionario, que es de naturaleza constituyente.

En 1957 se convoca a elecciones con el fin de reformar la Constitución del siglo pasado. Convocadas las elecciones nacionales se llevaron a cabo estando vigente la Constitución del siglo pasado. Convocadas las elecciones para febrero de 1958, el triunfo correspondió a Frondizi. Este nuevo presidente a cambio de los votos peronistas prometía devolver la legalidad al peronismo y restituir a sus dirigentes los organismos sindicales. Pero luego de asumir como presiente Frondizi hizo lo contrario de lo que había sostenido como militante de la intransigencia radical, no cumplió todo con el peruanismo y hubo actos de sabotaje y huelga. Por primera vez en la historia un gobierno de facto no podía imponer su sucesión, lo cual llevará al desastre electoral de marzo de 1962 y el posterior derrocamiento de su presidente.

d) Gobierno de facto 1962 -1963:

El 28 de marzo de 1962 se exige la renuncia de Frondizi, al negarse los militares lo destituyen y posteriormente es conducido detenido a la isla Martín García. En su lugar asume el presidente del Senado José María Guido, quien completa el período. Durante este gobierno tuvo lugar un enfrentamiento entre dos sectores de las Fuerzas Armadas que representaban concepciones políticas diferentes: «Azules» (imperio de la ley) y «Colorados» (dictadura militar).

El presidente de facto no se animó en un primer momento a disolver el congreso, por lo tanto, el golpe contra el Congreso se dio mas tarde. Desde ese momento comienzan a dictarse decretos-leyes convalidados por la Corte. La mayoría de los miembros de la misma Corte que habían convalidado su derrocamiento, debían sus designaciones al propio Frondizi. La intervención de la corte pareció acordar al gobernante el carácter de iure, aunque luego por los actos que siguieron (como cuando fue declarada por decreto la nulidad de los comicios, cuando fueron intervenidas las provincias, la declaración de receso del Congreso y luego su disolución, el hecho de asumir facultades legislativas, etc.) se dio la razón a quienes afirmaban lo contrario, quienes se basaban fundamentalmente en el hecho de que el caso de destitución del presidente contemplado en el artículo 75 de la Constitución Nacional, suponía para la ley de acefalía, que esta hubiese sido producto de la normativa dictada por la Constitución Nacional, para otorgar carácter de iure, es decir, mediante juicio político artículos 45, 51 y 52 y no mediante el uso de la fuerza por parte de los jefes de la FFAA. Ningún partido estaba a favor del golpe. El régimen de facto es sucedido por el radicalismo con el presidente Arturo Illia.

e) Gobierno de facto de 1966-1973:

El 28 de junio de 1966 se produjo el golpe militar que desplazó al presidente radical y asumió el gobierno el general Juan Carlos Onganía. Para Onganía los partidos políticos eran los responsables del deterioro que había en el país, habían que disolverlos.

La función ejecutiva fue desempeñada sucesivamente por Onganía, Levingston y Lanusse. Como el congreso había sido disuelto por los golpistas, se siguió con el viejo sistema de los decretos leyes, pero con una innovación: se los comenzó a llamar «leyes». La Corte anterior fue cesanteada y nombrados nuevos miembros, los que juraron por el Estatuto Revolucionario y por la Constitución.

Onganía dominó la inflación y rebeldías internas en 1968 y aumentó en numero de afectados terroristas, especialmente en universidades en 1969 A diferencia de los gobiernos de facto anteriores el inaugurado en 1966 manifestó desde el primer momento sé desdén formal por la Constitución de 1953, subordinándola el Estatuto dictado por la Junta de Comandantes. La Corte estableció en numerosos fallos que en la cúspide de la pirámide jurídica ya no estaba más la Carta Magna de 1953, sino el Estatuto de la Revolución Argentina.

A fines del período se logró una institucionalización del país. La salida electoral fue una de las más difíciles que le tocara sortear a gobierno de facto alguno. Triunfó un frente encabezado por el peronismo.

Podemos señalar que la doctrina de facto y su revolución marcan el tema de la relación entre derecho y poder. Como sabemos el derecho legaliza, legitima, organiza e institucionaliza el poder. El derecho da poder a los órganos de gobierno, les da carácter permanente. El derecho es el elemento esencial de la institucionalización del poder formado por las constituciones, los códigos, las leyes. Se ha de obedecer a una institución y no a una persona en particular.

Como conclusión podemos decir que los gobiernos de facto pretendían a través del derecho y de las instituciones, es decir de las leyes que decretaron, legitimar el poder que ejercieron. De esta manera dan un marco de legalidad y legitiman las acciones realizadas. Con respecto a la relación entre derecho y poder, tal como dice Duverger, el derecho positivo no solo refuerza el poder sino que es uno de sus elementos de acción. Cuando un gobierno de facto, llega a la titularidad del poder político, llega porque tiene poder (o poderío en otros casos) y esto lo hace disconforme con el derecho positivo. Lo que la Acordada hace es encuadrar jurídicamente el ejercicio de poder. La Acordada institucionaliza el poder, implica un tránsito del poder individualizado al poder institucionalizado.

6) Relaciones comparativas y denominadores comunes en los períodos abarcados:

Una lamentable particularidad a destacar es que en los últimos cincuenta años de la argentina, es la continua intervención militar en la vida política y su consecuente rol protagónico. Las Fuerzas Armadas desempeñaron en su acceso al poder funciones y actividades para las que no fueron entrenadas; funciones que según el artículo veintidós de nuestra Constitución no le competen y nunca debieron llevarlas a cabo.

Otro denominador común es la presencia de la oligarquía, que como grupo de presión influyó de forma muy importante en la vida política del país en aquellos años. Este grupo de poderosos terratenientes actuaba con el objetivo de poner en el poder a quien representara sus intereses económicos para obtener beneficios particulares, lo cual significaba un costo muy alto para el sector popular. Esta clase social fue perdiendo fuerza principalmente durante las presidencias de Juan Domingo Perón, en las cuales las masas populares adquirieron su máxima actividad política, ante lo cual la oligarquía se vio relegada a un segundo plano, encontrando en los golpes de estado la única posibilidad de recuperar el lugar que tradicionalmente habían ocupado en el país. Fue por esto y por la poca cultura política de la población, que casi la totalidad de los gobiernos constitucionales fueron depuestos por acciones armadas de los grupos militares.

Otra similitud existente en los períodos estudiados, en cuanto a las relaciones exteriores, es la dependencia con respecto a otros países. En el caso del Reino Unido en el intercambio de materias primas por productos elaborados. Desde 1935 el crecimiento de la industria estaba condicionado por la importación de maquinarias, y para ello, era necesario obtener divisas, las cuales provenían de las exportaciones primarias. 0 sea, si no se exportaba, caían las divisas, por lo cual la industria al no poder ser renovada, se estancaba. En el caso de Estados Unidos, encontramos la ley de garantías a la inversiones extranjeras y el contrato de explotación petrolera con California en l953.

Otro factor común es la presencia de Perón a lo largo de los cincuenta años, ya que participó en la conspiración que derrocó a Yrigoyen en 1930 y desde entonces tuvo una importante participación castrense como Ministro de Seguridad Social, luego condujo la Secretaría del Ministerio de Guerra y durante el gobierno de Ramírez comienza a obtener el poder logrando el apoyo de las masas populares. En 1946 se presenta como candidato a presidente y desde entonces y hasta su fallecimiento ya no se apartará de la vida política del país.

Encontramos diferencias en cuanto a los golpes de estado, ya que mientras que en los del ’30, ’43, ‘55 y ’63 al intervenir el poder no buscaban la sustitución del régimen democrático, sino el cambio de los gobernantes; es a partir del golpe del’66, con Onganía, que se tiende hacia un paternalismo autoritario. Otra diferencia es que mientras que los golpes del ’30 y del ’43 dejaron intacto el Poder Judicial; en los golpes del ‘55, del ’63, del ’66 y del ’76 se removieron los miembros de la Corte Suprema y tribunales inferiores.