Si bien los empleados públicos honestos ganaban, como en la actualidad, sueldos miserables, no faltaban los privilegiados que, generalmente, eran parientes de aristócratas o recomendados de senadores, de diputados, o amigos de un caudillo de provincia. Los directores de Liceos, según Valdés Cange, eran abogados fracasados en el foro, o médicos incapaces de aplicar el bisturí. Los gobernadores obedecían siempre a una cuota política, en su mayoría eran liberales democráticos; los jueces eran nominados por el poder político, en su mayoría se aprovechaban del cargo para hacer negocios. Según el profesor Venegas, los tinterillos hacían su agosto en las provincias alejadas de Santiago, en especial Tarapacá y la Araucanía. Con mucha razón, Vicente Huidobro sostenía que la balanza de la justicia siempre se cargaba hacia el queso, y Luis Emilio Recabarren se espantaba con el pésimo trato de los magistrados respecto de los pobres ladrones de gallinas. Ya en ese tiempo se pagaban sobresueldos: según Valdés Cange, el arzobispo recibía un sobresueldo de cinco mil pesos para representación y mil quinientos para la casa. El inspector del Registro Civil disfrutaba de un sueldo de tres mil pesos y recibía -para la casa y oficina- la suma de cuatro mil pesos. “El intendente de Antofagasta tiene 7.000 pesos de sueldo y 4 mil de gastos de representación. El intendente de Santiago el mismo sueldo y 5,000 de representación (Valdés Cange 1910: 82-83).
Los jueces no experimentaban ningún asco en violentar la ley cuando se trataba de perseguir a los que llamaban los subversivos: el juez Astorquiza se ensañó con el estudiante y poeta Domingo Gómez Rojas, secretario del sindicato anarquista, IWW, quien enloqueció y murió en la casa de orates. Los estudiantes, enfurecidos, le enviaban al juez venal tarjetas de pésame, con el último poema escrito por el poeta Domingo Gómez Rojas. El juez terminó sus días abandonado por su avergonzada mujer y convertido en un servil juez dictatorial. Luis Emilio Recabarren, que conoció las cárceles desde su interior por haber pasado por distintos presidios durante su lucha revolucionaria, las describe de la siguiente manera: “El régimen carcelario es de lo peor que puede haber en este país. Yo creo no exagerar si afirmo que cada prisión es la “escuela práctica y profesional” más perfecta para el aprendizaje y progreso del estudio del crimen y del vicio ¡Oh monstruosidad humana! Todos los crímenes y todos los vicios se perfeccionan en las prisiones, sin que haya quien pretenda evitar este desarrollo” (cit. por Gazmuri 2001 266). Los jueces, abogados y tinterillos vendían su conciencia al mejor postor. Valdés Cange, el profesor Venegas, los describe sin compasión: “El letrado sin pudor que compra conciencias públicamente para ganar un juicio injusto, deja el hervidero de rábulas y perjuros para ir con la frente altiva a ocupar un sillón entre los representantes del pueblo; y no contento con ese honor, aspira, aún, a otro más elevado, y los partidos se confederan en su apoyo, y hombres eminentes -orgullo de nuestro mundo político- recorriendo centenares de kilómetros, van a solicitar, para él, los sufragios populares” (cit. por Gazmuri 2001: 266).
Por cierto, a pesar la supeditación de la Corte Suprema al poder político, existieron en otros períodos jueces dignos, que resistieron al poder dictatorial: el presidente de la Corte Suprema, en 1927, Javier Ángel Figueroa, se negó a aceptar el sometimiento de la corte de justicia a las órdenes del ministro del Interior, Carlos Ibáñez del Campo, que ya acumulaba la casi totalidad del poder. Para nada le sirvió a don Javier Ángel ser hermano del inútil presidente de la República, Emiliano Figueroa: igual “El Caballo Ibáñez”, de una patada lo despidió de su cargo. A diferencia de los tribunales de la dictadura de Augusto Pinochet, algunos jueces honestos, como Horacio Hevia, acogieron los recursos de amparo presentados por los políticos, perseguidos por Ibáñez.
Conclusiones
Durante toda la historia de Chile, los sistemas electorales han falsificado la voluntad popular: la existencia de elecciones no constituye la característica principal de la democracia representativa; siempre son las oligarquías políticas las que seleccionan a su personal para ejercer el poder. Se supone que los ciudadanos de a pie no están capacitados para gobernar y esta tarea debe ser realizada por una clase, casta o tecnocracia, nacida para estas funciones. En el siglo XIX era el presidente, por medio de la intervención electoral, quien llevaba a cabo la selección del personal político. En el parlamentarismo lo fueron los partidos oligárquicos, y el sistema electoral binominal. En la actualidad, se aplica el mismo sistema y los partidos seleccionan a una casta política vitalicia.
La separación entre la ética y la política lleva, necesariamente, a la corrupción de la clase política: ya no se distingue entre el servicio público y el lucro personal, la administración pasa a ser el coto de caza de los partidos; los tribunales están supeditados al poder político y los electores desprecian a la clase en el gobierno.
El parlamentarismo (1891-1925), y la Transición a la democracia, (1989-2005), son dos períodos que se prestan, perfectamente, para un estudio comparativo. El mismo reinado absoluto de los partidos políticos, el mismo sistema electoral, el mismo alejamiento entre la casta política y la sociedad civil, los mismos acuerdos cupulares. Distinguir un bando de otro es sumamente difícil. No pocas veces los conversos socialistas son verdaderos verdugos del mercado y los antiguos pinochetistas se presentan demagógicamente como defensores de los intereses populares.
No cabe duda de que el gobierno más corrupto de la historia de Chile es el de Augusto Pinochet, y que la derecha económica aprovechó para apropiarse de las empresas del Estado, y que el mismo dictador, para no ser menos, se enriqueció sobre la base de oscuros negocios. Por desgracia, al igual que la peste de la riqueza salitrera peruana, a comienzos del siglo XX, la corrupción dictatorial ha infectado a los líderes democráticos de la Concertación que, en menor escala por cierto, también han entrado en esta mezcla de los negocios privados y la política. Tentados a transar y fotografiarse con sus raptores, terminaron idenficándose y asimilándose a sus antiguos enemigos.
Bibliografía
Barros Luis y Ximena Vergara, El modo de ser aristocrático, el caso de la oligarquía chilena hacia 1900, Edit. Aconcagua, Santiago, s/f.
Blakemore Harold, El gobierno chileno y el salitre inglés, 1886-1896, Balmaceda y North, Edit. Andrés Bello, Santiago, 1977.
Castedo Leopoldo, Vida y muerte de la República Parlamentaria, Edit. Sudamericana, Santiago, 2001.
Gazmuri, Cristián, El Chile del Centenario, los ensayistas de la crisis, Instituto de Historia, Edit. Pontificia Universidad Católica, Santiago, 2001.
Edwards Vives, Alberto, La fronda aristocrática en Chile, Edit. Universitaria, Santiago, 1982.
Edwards Bello, Joaquín, El roto, Edit. Universitaria Santiago, 2002.
Idem, Antología de familia, Edit. Sudamericana, Santiago, 2002.
Heise González, Julio, 150 años de evolución constitucional de Chile, Edit. Andrés Bello, Santiago, 1989.
Orrego Luco, Luis, Casa Grande, Edit. Andrés Bello, Santiago, s/f.
Ramírez Necochea, Hernán, Balmaceda y la contrarrevolución de 1891, Edit. Universitaria, Santiago, 1958.
Portales, Felipe, Los mitos de la democracia chilena, Edit. Catalonia, Santiago, 2004.
Valdés Cange, Julio, Sinceridad, Chile íntimo 1910, Edit. Cesoc, Santiago, 1998.
Vial. Correa, Gonzalo, Historia de Chile, 1891-1973,Edit. Santillana, Santiago, 1988 .
Vicuña, Fuentes, Carlos, La tiranía en Chile, Edit. Lom, Santiago, 2002.
Notas
* Historiador chileno, magíster en historia de la Universidad de París, profesor de la Universidad Bolivariana.
1 CODELCO (Corporación Nacional del Cobre) es la empresa estatal productora de cobre y el pilar principal de las arcas fiscales chilenas.
2 El autor se refiere a la compra de predios en la zona de Chiloé por parte del empresario y candidato a la presidencia de la república, Sebastián Piñera.
Nessun commento:
Posta un commento