La embestida publicitaria de estos grupos minoritarios orientada a demonizar al mapuche pareciera contar, sino con el apoyo, al menos con el beneplácito de las autoridades gubernamentales locales. Los mapuches son presentados como agresores y expansionistas, tan malos o peores que los españoles, solo que más eficaces, ya que si aceptamos su versión veremos que en la actualidad no existen vestigios de la existencia de los pueblos “conquistados” por los aucas o araucanos como los Inka y españoles denominaron (en su época) a los mapuches. Hay que hacer notar que los pueblos al que a los mapuche se les inculpa haber sometido, no existen; los chincha-chilenos y Aokena nadie los conocen, excepto en la historiografía de dudosos historiadores winka.
Es de suponer que la terminología Aokena fue inventada por algunos cronistas winka (extranjeros) para denominar a los tehuelche, para crear la noción de la existencia de pueblos diferentes al mapuche, con los mismos propósitos de los nombres utilizados por los españoles o Inkas para denominar al Mapuche, esta conclusión no parece tan absurda si consideramos que la terminología tehuelche es una palabra mapuche, así como son los nombres de los lugares, las montañas, los ríos, los nombres de la flora y la fauna del territorio que supuestamente habrían habitados. No hay que olvidar que 30 años atrás se nos enseñaban en los colegios que los Williches, wenteches y Pewenches (entre otros) eran pueblos distintos al mapuche y que entre ellos tenían poco o nada en común.
El otro objetivo que persiguen estos seudo historiadores, es enfatizar los episodios negativos no corroborados por fuentes independientes en contra de los mapuches; las supuestas guerras inter-tribales, la acción de los ‘indios amigos’, los ‘colaboradores’ y yanakonas (indios traidores) es el mejor argumento en contra el mapuche para empañar su imagen, incitar inexistentes resentimientos regionales entre mapuche, en otras palabras, ‘dividir para reinar’ para de esta forma facilitar el despojo y la opresión.
Resulta revelador que los estados chilenos y argentinos que por 150 años han implementado todo tipo de políticas en contra los mapuches, que incluye la utilización de métodos de exterminio, hasta ahora no han podido chilenizar o argentinizar a los mapuches. Las invasiones militares denominadas como: “Pacificación de la Araucanía y “Campañas del Desierto” encabezadas por el General Roca y el Coronel Saavedra, no lograron exterminar completamente al mapuche, hoy los que sobrevivieron el holocausto de esa guerra genocida, luchan con más vigor que nunca por sus derechos de pueblo y la recuperación de su territorio. La estrategia de asimilación cultural por más de un siglo, que incluye la imposición de valores culturales de la sociedad opresora y la tergiversación de los hechos históricos, también han fracasados, porque los mapuches hoy como ayer reafirman con orgullo su identidad cultural.
La propaganda alarmista que condiciona el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas con la desintegración de la Argentina como estado nacional, solo logra transitoriamente engañar algunos incautos. Sin embargo, tras esta conjetura se esconde algo mucho más siniestro, que no puede ser otra que el tratar de disuadir el apoyo criollo e internacional a las justas reivindicaciones de las comunidades mapuches, adjudicándose de esta forma licencia para continuar violando los derechos humanos y seguir despojando impunemente al mapuche de sus tierras ancestrales.
Esta propaganda anti-mapuche también tiene eco en los tribunales de justicia de Argentina, siempre tan proclives a salvaguardar los intereses de los grandes estancieros y de los poderosos consorcios económicos; el hecho que hoy estén considerando como válida la desacreditada y anticientífica teoría de Rodolfo Casamiquela sobre la pretendida ‘chilenidad’ del origen de los mapuches del Puelmapu, es una prueba de los efectos de dicha campaña, que busca justificar el dictamen de sentencias adversas en contra de las comunidades indígenas que reclaman la restitución de sus territorios.
La prontitud con que actúan los tribunales argentinos para considerar los argumentos de Casamiquela como una teoría seria del derecho, a pesar que la historia y la ciencia antropológica la haya desestimado, demuestran que están llanos a transgredir las leyes nacionales e internacionales relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y, es por tanto una evidencia del actuar mediocre de la justicia argentina, que bien se puede interpretar como una conducta cómplice y corrupta, donde la independencia e imparcialidad brillan por su ausencia. Los efectos de esta campaña de distorsión histórica lo confrontan hoy (por nombrar algunas) las comunidades de Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo de Chubut, cuyos litigios de restitución de tierras llego a la Corte Suprema de Justicia y el argumento principal en su contra pareciera ser la tesis de “chilenidad” de los mapuches, a pesar de existir en el sector un cementerio de los ancestros de la comunidad mapuche que data de cientos de años de antigüedad.
Estos y otros historiadores parecieran desconocer los principios universalmente reconocidos y que están compilados en una serie de instrumentos internacionales de la ONU, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, el derecho a elegir su nacionalidad o el derecho básico a la auto-identificación. Tampoco consideran importante los principios que señalan que: “Todos los individuos y los grupos tienen derechos a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales” o, el derecho de todos los pueblos a la libre determinación.
Para estos historiadores los compromisos asumidos por Argentina y Chile en el plano del derecho internacional no tienen asidero en sus teorías, veamos lo que dice el siguiente articulo de uno de tales instrumentos: “Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación y respetaran ese derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”. (4)
Sin embargo, estamos seguros que tarde o temprano la verdad y la decencia terminara por imponerse en ambas republicas y, esperamos en particular que el gobierno Argentino adaptará su política indígena a los estándares internacionales, implementando medidas legales apropiadas que castiguen aquellos que promueven el racismo y la intolerancia.
Los seudo historiadores, están embarcados a revisar la historia para destruir todo vestigio de presencia histórica del pueblo expoliado, de sus autoridades tradicionales, de su organización social, borrar su memoria colectiva de sus batallas, de sus héroes y heroínas, sus fechas conmemorativas. Pretenden ignorar que el pueblo Mapuche fue independiente y soberano, que ejercía su libre determinación por un periodo superior a la existencia de las republicas de Argentina y Chile que este año se aprontan a celebrar su bi-centenario; tratan de desconocer la existencia de la frontera que dividía a la nación Mapuche con los territorios administrados por España y posteriormente por las nuevas republicas.
En la historia oficial se menciona ligeramente o simplemente por omisión se evita detallar las decenas de miles de weichafe y kona (soldados y voluntarios) muertos en cientos de batallas en defensa de su nación. Poco se señala de la devastación, las masacres de la población civil, la esclavitud, las violaciones y los secuestros de niños, los escarnios y la humillación enfrentada durante siglos de agresión extranjera. Esta política genocida la siguen hoy aplicando, bajo otros pretextos y métodos, pero que apunta a un solo objetivo, hacernos desaparecer como pueblo. Estos revisadores de la historia no creen en la reconciliación histórica, la reparación o la justicia, ni en construir un país pluricultural y multilingüe, sino en sus mezquinas ventajas económicas y sus teorías racistas y xenofóbicas que siembran el odio contra el indígena.
También olvidan mencionar que fue la unidad del pueblo Mapuche la que les permitió desarrollar diversas estrategias para enfrentar exitosamente por siglos a los invasores, para negociar la paz, establecer fronteras, celebrar tratados internacionales (más de treinta) asignar embajadores y en 1860 crear una monarquía hereditaria, constitucional y parlamentaria con miras a lograr el reconocimiento internacional de su independencia. Los portavoces gubernamentales evitan valorar la importancia jurídica de estos acuerdos e instrumentos que nos legaran nuestras ilustres y sabias autoridades políticas; son las armas legales de gran calibre que los mapuches tenemos a nuestra disposición por su trascendencia internacionales reconocidas en las normas del derecho internacional, instrumentos que tarde o temprano el pueblo Mapuche las debe utilizar en su defensa.
Por otra parte se pretende convencer al mapuche que todos los habitantes del país, son ciudadanos con los mismos derechos e iguales ante la ley, pero la práctica cotidiana les señala lo contrario, son ‘ciudadanos’ pero… de última categoría. El trato vejatorio contra el mapuche, hoy hace que muchos mapuches renuncien a su nacionalidad y denuncian en las conferencias de Naciones Unidas sus deseos de viajar con su propio pasaporte Mapuche, ya que no quieren hacerlo, con el del estado opresor. Las razones son simples, los mapuches encontramos totalmente contraproducente que los criollos, nos obliguen adoptar la nacionalidad de sus estados, a pesar de ser estos mismos estados los responsables del genocidio de su población, los que hoy articulan el robo de sus tierras y recursos, que los empobrecen, discriminan y reprimen.
Resulta por tanto moralmente inaceptable que se arroguen un derecho, que claramente no les corresponde, pero que por valerse de un desprestigiado estado de derecho y las fuerzas de sus armas, imponen al pueblo mapuche su impertinencia. Desde el momento que los habitantes del Wallmapu reafirman su nacionalidad auto-identificándose públicamente, en cada momento y en cualquier parte como Mapuche, es una demostración clara que jamás hemos renunciado a nuestra propia nacionalidad ni tenemos la menor intención de hacerlo. De la misma manera que jamás hemos renunciado a nuestro derechos territoriales, la autonomía y libre determinación que hoy se nos reconoce en el derecho internacional.
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